También que el patrocinador del Real Madrid lleva más de tres años negociando con el Gobierno –y con alguna que otra comunidad autónoma­– para regularizar su presencia en nuestro país. El objetivo de sus directivos siempre ha sido forzar un cambio en la legislación, que ha de pasar necesariamente por la privatización de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), de cuya mano vendrá la concesión de las dos primeras licencias para operar en el mercado online.

Fuentes del sector han confirmado que, tras la aprobación el pasado mes de noviembre de las controvertidas disposiciones adicionales 32 y 34 a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, ya no hay más excusas para seguir retrasando los trabajos. Unos trabajos que también tienen en vilo a Cirsa, para hacerse con “la licencia obligatoriamente española” en ese reparto del pastel inicial, que arrojó una cifra de negocios de 75 millones de euros en 2008. Porque la tarta de verdad llegará en una segunda fase, donde hay en juego la friolera de 30.000 millones de euros. Ése es el precio que maneja el Gobierno a la hora de valorar la enajenación de la que es, sin duda, la joya de la Corona.

Si el Tesoro recaudó en 2008 –el último año del que se tienen datos– 2.900 millones de euros por la Lotería Nacional, qué menos que multiplicar esa cifra por 10 ejercicios para desprenderse de tan rentable fuente de ingresos. “Cuando en 2007 la consultora McKinsey calculó en 17.000 millones de euros el valor de LAE de cara a su posible salida a Bolsa, el sector consideró que aquel montante se quedaba francamente corto”. Quien así habla es una voz muy autorizada de la industria nacional del juego, que prefiere permanecer en el anonimato ante “la incertidumbre que generan las últimas maniobras del Ejecutivo socialista”.

Entre ellas, cabe destacar la reciente aprobación de siete nuevos juegos solicitados por la ONCE (cinco rascas y dos lotos rápidas) con el objetivo de que la Organización no torpedee sus planes privatizadores. Ya el pasado 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros daba luz verde a un amplio paquete de medidas que autorizaba a la ONCE a crear nuevas redes (tanto físicas como virtuales) y nuevas sociedades con operadores del ámbito de la Unión Europea.

Esa revisión al completo del acuerdo de febrero de 2004 trajo como consecuencia que la dirección –encabezada por su presidente, Miguel Carballeda– comunicara a sus 22.000 vendedores su interés por empezar a vender algunos juegos en restaurantes, bares y cafeterías, lo que provocó dos manifestaciones de protesta en Madrid y otra más en Bilbao.